En las Salas de lo Contencioso-Administrativo hemos tenido que resolver un número importante de recursos interpuestos por la Administración del Estado contra las Ordenanzas municipales aprobadas con el propósito de regular el régimen de establecimiento de las asociaciones y clubs de consumidores de cannabis. Y el Tribunal Constitucional ha tenido que hacer lo propio respecto de las iniciativas legislativas autonómicas.